Con el primer candidato para la vacuna contra el Covid-19 listo para recibir una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por su sigla en inglés) de parte del gobierno de EE. UU. en unos días, se espera que su distribución y asignación comience “dentro de las 24 horas” después de la aprobación inminente de la vacuna.
La estrategia de asignación de las vacunas contra el Covid-19 en EE. UU. está determinada a ser drásticamente diferente de los programas de vacunación anteriores del país. Una diferencia clave es la labor misma de vacunación, que se conoce como Operación Warp Speed, está completamente dirigida por el ejército de EE. UU, junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés) y no por organizaciones de protección civil, las cuales tienen menos participación que en los programas de vacunación anteriores, e incluso se les ha prohibido asistir a algunas reuniones de Warp Speed. Además, por primera vez desde el año 2001, funcionarios de la policía y del DHS no son prioridad para una vacunación temprana.
Otra diferencia clave es el plan para utilizar un enfoque por fases cuyo objetivo son las “poblaciones de interés” identificadas de antemano por diferentes organizaciones gubernamentales, incluido el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por su sigla en inglés) de los CDC. Las características de aquellas “poblaciones de interés”, referidas también en documentos oficiales como “poblaciones críticas”, serán identificadas por el software desarrollado por Palantir conocido como “Tiberius” para guiar las labores de distribución de la vacuna en la Operación Warp Speed. “Tiberius” proveerá a Palantir el acceso a información confidencial demográfica y de salud de los estadounidenses, que la empresa utilizará “para ayudar a identificar poblaciones de alta prioridad con mayor riesgo de contagio”.
Este informe corresponde al primero de una serie de tres que desenmascaran todos los elementos racistas del proyecto del Pentágono para desarrollar y distribuir la vacuna contra el Covid-19. En este informe se explora la estrategia de asignación de la vacuna contra el Covid-19 que fue descrita primero por el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud y se exploran las estrategias de asignación del gobierno posteriores que se informaron por parte de Johns Hopkins.
El foco principal de esta estrategia de asignación es asignar las vacunas para minorías raciales en primer lugar, pero de una cierta forma para hacerlas sentir “a gusto” y no como “conejillos de indias” al recibir la vacuna experimental que en varios documentos se admite que pueden causar “ciertos efectos adversos … que son más frecuentes en ciertos subgrupos de población”. Las investigaciones han indicado que los “subgrupos” con mayor riesgo de tener efectos adversos son estas mismas minorías.
En los documentos también se reconoce que será necesaria una guerra de la información y la coerción económica para combatir la “reticencia a la vacunación” entre estos grupos minoritarios. Incluso se enmarca este enfoque claramente desproporcionado en las minorías raciales en relación con las preocupaciones nacionales sobre la “brutalidad policial”, y se afirma que es necesario darles a las minorías la vacuna experimental primero para combatir el “racismo estructural” y garantizar la “equidad y justicia” en el sistema de salud y la sociedad en general.
En la parte 2 de esta serie se discutirá cómo Palantir, una compañía que actualmente ayuda al DHS y a la policía a perseguir de forma violenta a afroamericanos y latinos, estará a cargo de asignar vacunas contra el Covid-19 “personalizadas” a las mismas minorías, así como los orígenes de Palantir y las opiniones de sus ejecutivos sobre la raza. Por último, en la parte 3 se explorará los vínculos directos entre un líder de la vacuna COVID-19 y Eugenics Society, la cual fue rebautizada como el Instituto Galton en 1989.
Los planificadores
Se ha criticado a la administración de Trump por apurar el desarrollo y la distribución de una vacuna contra el Covid-19 y particularmente por asignar a Monclef Slaoui, ex ejecutivo farmacéutico con un conflicto de interés en curso, como asesor jefe científico de la Operación Warp Speed, el programa dirigido por el Pentágono para producir y distribuir la vacuna. Incluso si la administración de Biden llega al poder, la Operación Warp Speed está determinada a proceder con pequeñas modificaciones, si es que hay alguna.
El director del Centro para la Seguridad de la Salud de la Universidad de John Hopkins (CHS, por su sigla en inglés), Tom Inglesby, quien se desempeñará en el equipo de transición de Biden en el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por su sigla en inglés), elogió a Sloui en una entrevista en Stat Newse indicó que mientras alguien como él permanezca más tiempo a cargo de las labores para la vacuna contra el Covid-19 de la nación, “es mejor para el país”.
Inglesby, que dirigió discusiones en el ejercicio del Evento 201 del CHS en octubre del 2019 y quien fuera uno de los autores principales del polémico ejercicio Dark Winter del Centro John Hopkins en 2001, es emblemático de la dependencia general del gobierno de EE. UU. y de los principales medios de comunicación en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins (de la cual el CHC es parte) para asuntos relacionados con la pandemia. Slaoui ha aparecido de forma regular en cadenas televisivas como un oráculo del Covid-19 y ha sido llamado como “uno de los expertos de referencia del país sobre la propagación del coronavirus”. Los lectores pueden destacar que el “rastreador del coronavirus” de John Hopkins ha sido utilizado prácticamente por todos los medios de noticias tradicionales desde el principio de los informes del Covid-19. Se espera que esta relación continúe, si no se intensifica, en una administración de Biden.
Kathleen Hicks, quien lidera el equipo de transición de Biden del Departamento de Defensa (DOD, por su sigla en inglés) y Alexander Bick, del equipo de transición de Biden del Consejo Nacional de Seguridad, son académicos del Centro Henry Kissinger para Asuntos Globales de la Universidad de John Hopkins, lo que refleja la amplia influencia de la institución en un futuro gobierno de Joe Biden. Sin embargo, la forma más significativa en que la transición se cruza con John Hopkins es a través del CHS.
El CHS, llamado originalmente Centro para la Biodefensa Civil, es un think tank dentro de John Hopkins que le da recomendaciones al gobierno de EE. UU. y a la Organización Mundial de la Salud de manera regular, y también, como la Fundación de Gates y Melinda Gates, ha emergido como una voz de autoridad en todos los asuntos que tienen que ver con el Covid-19 en el país. El director fundador del centro fue D.A Henderson, conocido por su rol en la campaña de vacunación contra la viruela patrocinada por la OMS. También, Henderson ocupó muchos cargos gubernamentales, incluido el de director asociado a la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología en el gobierno de George H. W. Bush. También fue decano por mucho tiempo de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins.
Luciana Borio es otra miembro del equipo de transición de Biden y miembro actual del comité directivo del CHS. Como ex científica de la FDA y ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Borio representa la relación entre el estado de seguridad nacional y el estado de bioseguridad. Actualmente es vicepresidenta de In-Q-Tel, la rama de capital de riesgo de la CIA.
La actual vicepresidenta de In-Q-Tel, Tara O’ Toole, quien al inicio de la pandemia del Covid-19 declaró que “la mejor manera de proteger a quienes están bien es con vacunas”, es la mentora y predecesora de Inglesby como directora de la CHS. También tuvo el rol principal en las simulaciones de bioterrorismo del CHS de Dark Winter y CladeX. En la serie “The Engineering Contagion” publicada por The Last American Vagabond a principios de este año se explora en profundidad la simulación Dark Winter, incluida la extraña manera en que la simulación predijo los ataques con ántrax que ocurrieron luego del 11 de septiembre del 2011, con varios participantes que mostraron un aparente conocimiento previo de esos ataques.
¿Poner fin al racismo con vacunas?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se han referido constantemente a los materiales desarrollados por el CHS en su literatura de asignación de la vacuna contra el Covid-19. Estos materiales emitidos por los CDC forman la columna vertebral de las diversas estrategias de asignación de vacunas emitidas por muchos gobiernos estatales. La principal de ellas es el programa “COVID-19 Vaccination Program Interim Playbook”que fue publicado a fines de octubre. Un aspecto clave de ese programa es la determinación de “las poblaciones críticas para la vacunación contra el Covid-19, incluidos los grupos identificados para recibir las primeras dosis disponibles de la vacuna cuando el suministro sea limitado”.
En agosto, el CHS publicó el “Interim Framework for COVID-19 Vaccine Allocation and Distribution”, coescrito por Inglesby, que es referido por los CDC como un elemento clave para su estrategia de asignación nacional para la vacunación contra el Covid-19. En este reporte profundizará en particular, junto con otros documentos relacionados que revelan que las minorías étnicas y raciales, específicamente los mayores de 65 años y aquellas personas que forman parte de la fuerza laboral “esencial”, serán los primeros en recibir las vacunas experimentales contra el Covid-19.
En el Interim Framework se discute que es necesario priorizar las minorías étnicas, particularmente los afroamericanos y latinoamericanos, con el fin de reflejar la “equidad y justicia”. Además, se indica que una “diferencia importante” entre la asignación de vacunas contra el Covid-19 y el “contexto previsto en la guía de supervisión del 2018 de la asignación de la vacuna contra la influencia” es el hecho de que EE.UU. “actualmente está en medio de un reconocimiento nacional sobre la injusticia racial, impulsado por casos de brutalidad policial y asesinatos”. Luego se afirma que “aunque el racismo estructural estuvo tan presente en las epidemias de influenza del 2018 y otras anteriores como lo está en la actualidad, el reconocimiento de injusticia racial por parte de la población general no lo estaba”.
El documento continúa y no se menciona que la brutalidad policial no está relacionada con la asignación de la vacuna, así como una mayor conciencia nacional de la justicia racial en lo que respecta a la brutalidad policial. Esto se ve agravado aún más por la eliminación de la policía, en este documento, como un grupo prioritario para la asignación de la vacuna COVID-19, a pesar de que en todas las demás guías para la asignación de la vacunación se haya designado como prioridad desde los ataques con ántrax en el 2001. También es extraño que solo se cita un mayor acceso de las minorías a la vacuna COVID-19 como una forma de abordar el “racismo estructural en los sistemas de salud”, no otras políticas que tendrían más probabilidades de abordar el problema, tal como en “Medicare for All”.
Además, en el Interim Framework se admite que “las comunidades de color, en particular las poblaciones negras, pueden ser más cautelosas con los funcionarios responsables de las decisiones relacionadas con las vacunas debido a injusticias médicas cometidas en el pasado por las autoridades”. Existe una gran lista de “injusticias médicas” cometidas contra las comunidades minoritarias por el gobierno de los EE. UU., como el infame caso del experimento Tuskegee sobre la sífilis, el cual se discutirá después en detalle.
Otro fragmento extraño sobre “justicia” y “equidad” en lo que respecta a la vacunación de las minorías étnicas dice en primer lugar:
“En el contexto de la asignación de vacunas, tratar a todos con equidad ha sido definido a veces como tratar a todos igual o de la misma forma, por ejemplo, al distribuir las vacunas por orden de llegada o dando la oportunidad a todos de vacunarse por medio de un sorteo. Debido a que el impacto de la vacuna es diferente para distintas personas (por ejemplo, algunas personas tienen un mayor riesgo de muerte) las formas sencillas de tratar a las personas por igual a menudo se rechazan como un uso injusto e ineficaz de la vacuna…
En el contexto de la asignación de vacunas, promover equidad y justicia social requiere abordar tasas de mortalidad y enfermedades graves relacionadas con el Covid-19 entre grupos sistemáticamente desfavorecidos o marginados…
En materia de justicia, estas disparidades en el riesgo del Covid-19 y los resultados adversos entre los grupos raciales y étnicos deben abordarse en nuestra respuesta general al Covid-19.
Este énfasis extremo de la “equidad y justicia” en priorizar a las minorías en la vacunación se contradice con otras afirmaciones hechas en el mismo documento. Por ejemplo, el documento también indica:
“La seguridad definitiva de una vacuna aprobada no se conoce por completo hasta que se haya administrado en millones de personas. Durante los ensayos decenas de miles de individuos reciben la vacuna, pero es posible que no se muestren los problemas de seguridad que ocurren con menor frecuencia, como los casos de 1 en 1 millón de personas. Esto podría significar un problema, en particular para efectos adversos graves”.
También en el documento se menciona que “es posible que puedan ocurrir ciertos efectos adversos más frecuentes en ciertos subgrupos de población, que no podrían manifestarse hasta que millones hayan sido vacunados”.
Muchas personas esperan la distribución de mascarillas y comida de parte del reverendo Al Sharpton en el barrio de Harlem de Nueva York luego de que se emitió un mandato del estado que requería que los residentes usaran mascarillas en espacios públicos debido al Covid-19. Sábado 18 de abril del 2020. Sharpton menciona que “los residentes del casco urbano deben seguir este mandato para asegurar la seguridad y salud pública”. El último análisis de información disponible, hecho por Associated Press, muestra que un tercio de las personas fallecidas por coronavirus son afromericanos, incluso cuando la población negra pertenece a un 14% de la total. (Fotografía de AP/Bebeto Matthews)
En particular, se entiende que los afroamericanos tienen un mayor riesgo a reacciones adversas a las vacunas. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, los afroamericanos presentan una reacción inmune desproporcionadamente más alta a ciertas vacunas contra la gripe. En el año 2014 en la Clínica Mayo se descubrió que los afroamericanos poseen doble probabilidad de generar una reacción inmunológica hacia las vacunas contra la rubéola que los estadounidenses caucásicos. Las reacciones inmunes que son demasiado fuertes pueden resultar en aún más eventos adversos y respuestas inflamatorias como la mielitis transversa, una inflamación debilitadora y una parálisis de la espina dorsal. En un estudio del 2010, en la Journal of Toxicology and Environmental Health se mostró que los niños afroamericanos tuvieron un mayor riesgo de sufrir lesiones neurológicas graves hacia una vacuna contra la hepatitis B en comparación con los caucásicos.
Por esto se plantea la pregunta de si los afroamericanos deben tener prioridad para una vacuna mal probada cuando la ciencia ha demostrado que este grupo demográfico puede tener un mayor riesgo de reacciones adversas. En proyectos anteriores de vacunas contra el coronavirus se generaron respuestas inmunológicas tan fuertes que los animales en los que se testearon murieron y los proyectos fueron desechados. Las afirmaciones hechas en el Interim Framework de los CHS de Johns Hopkins que el vacunar primero a los afroamericanos y a las minorías étnicas representa “equidad y justicia” y que podría ser una forma de abordar el “racismo estructural” no cuadra con su declaración que dice que la seguridad de la vacuna contra el Covid-19 “no se conocerá completamente” hasta que millones hayan recibido una dosis y que “podrían ocurrir efectos adversos con más frecuencia en ciertos subgrupos de la población”.
¿Quién tiene realmente la culpa por la reticencia a la vacunación?
Para que la implantación de la vacuna contra el Covid-19 sea exitosa, el gobierno federal necesitará considerar la “reticencia a la vacunación”, la cual la OMS denominó en el 2019 como una de las 10 grandes amenazas para la salud mundial y es una preocupación mayor discutida en profundidad en el Interim Framework de Agosto sobre las estrategias de vacunación.
De acuerdo a encuestas recientes, la reticencia prevalece más, entendiblemente, entre los afroamericanos, el grupo que comúnmente ha sido más utilizado como conejillos de indias por el gobierno de EE. UU. y sus instituciones médicas y científicas. Por ejemplo, están los polémicos experimentos de la Universidad de Tuskegee, elaborados por el Servicio de Salud Pública de EE. UU. (ahora es una división del HHS) y los CDC. A los participantes no voluntarios del estudio, todos afroamericanos, se les dijo que estaban recibiendo tratamiento médico gratis del gobierno federal, mientras que en realidad intencionalmente no recibían ningún tratamiento contra la sífilis, con el objetivo de que los científicos del gobierno pudieran estudiar el efecto devastador de la enfermedad. El engaño era importante para el experimento, puesto que los participantes no sabían que eran parte de uno y tampoco se les mantuvo al tanto de su verdadero diagnóstico. Si bien, los experimentos de Tuskegee podrían ser un ejemplo claro de experimentación médica racista en los EE. UU., está lejos de ser el único.
Por ejemplo, durante el Proyecto Manhattan, la iniciativa que produjo la bomba atómica, el gobierno de los EE. UU. contrató docenas de médicos para suministrarle una inyección de 4,7 microgramos de plutonio radiactivo a pacientes hospitalarios desconocidos. Esta cantidad de plutonio equivale a 41 veces la exposición normal de una vida. El objetivo de este experimento era determinar con precisión la dosis a la que elementos radioactivos como el plutonio podría causar enfermedades como la leucemia y medir la cantidad de radioactividad que permanece en la sangre, tejidos, huesos y orina. Entre 1944 y 1994 la Comisión de Energía Atómica de los EE. UU. apoyó miles de proyectos experimentales, autorizando el uso de dicha radiación en humanos, de los cuales la mayoría eran afroamericanos.
Desde 1954 a 1962, el Instituto Sloan-Kettering de Nueva York, el cual anualmente recibe cientos de millones de dólares de fondos del NIH, inyectó con células vivas de cáncer a más de 400 presos afroamericanos de la Prisión Estatal de Ohio para observar de qué manera el cuerpo humano podría destruirlas. Los patrocinadores principales de esta investigación fueron los Institutos Nacionales de Salud, quienes también patrocinaron parcialmente los experimentos de Tuskegee.
De 1987 hasta 1991, científicos estadounidenses, como parte de un experimento, le suministraron hasta quinientas veces más de la dosis aprobada de la vacuna contra el sarampión de Edmonton-Zagreb (EZ) a bebés afroamericanos y latinos provenientes de barrios de bajos ingresos de la ciudad de Los Ángeles. En los formularios de consentimiento no se les informaba a los padres de la dosis incrementada o que la vacuna era experimental. Tampoco se les informó que la vacuna ya había sido suministrada a dos mil niños de Haití, Senegal y Guinea-Bissau y que tuvo resultados desastrosos. Por ejemplo, en Senegal, los niños que recibieron el pinchazo murieron un 80% más que los niños que no la recibieron. Los CDC luego caracterizarían los ensayos clínicos de EE. UU. como “claramente un error”.
Entre 1992 y 1997, el Centro Lowenstein para el Estudio y Prevención de la Conducta Disruptiva en la Niñez de la Universidad de Columbia dirigió estudios que buscaban establecer un vínculo entre la genética y la violencia, con un enfoque en niños pertenecientes a minorías en la ciudad de Nueva York. Estos experimentos apuntaron a 126 niños entre los 6 y 10 años, en donde el 100% de ellos eran afroamericanos, latinos o de origen birracial. A cambio de US$ 100 y una giftcard de US$ 25 de la juguetería Toys “R” US , los niños, que fueron seleccionados porque sus hermanos mayores tuvieron contacto con el sistema de libertad condicional juvenil , fueron sacados de su hogares, se les negó el agua y la comida y se les dio un medicamento llamado fenfluramina. Antes de estos experimentos, la fenfluramina jamás había sido administrada en gente de menos de 12 años, y ya se sabía que la droga estaba asociada a daños en la válvula cardiaca, daño cerebral y la muerte.
Estos hechos históricos generan preguntas obvias sobre las razones de la “reticencia a la vacuna” y la manera en que son abordadas por el gobierno de los EE. UU. y las instituciones relacionadas. Mientras que hace más sentido combatir este problema al exigir cuentas a las personas responsables de los abusos pasados, como los descritos anteriormente, ha sucedido lo contrario. En cambio, el CHS y otras instituciones en particular con respecto a la próxima campaña de vacunación contra el Covid-19, han propuestos muchas otras formas de combatir la “reticencia a la vacuna”, desde el engaño hasta la guerra de la información y la coerción económica.
Un legado oscuro listo para continuar
Dada la larga relación de explotación entre las instituciones médicas de EE. UU. y las minorías étnicas, en el Interim Framework de agosto se aborda la situación en que las comunidades de color, en particular la población negra, “podrían ser un poco más precavidos de los funcionarios responsables de tomar decisiones relacionadas a la vacunación debido a injusticias médicas en el pasado”. En el documento se indica: “hay que anticiparse a la reticencia entre las comunidades que han sido históricamente marginadas que pueden tener miedo o desconfiar de vacunación en sitios que históricamente han causado desconfianza.
En otro artículo de los CHS publicados en julio titulado “The Public Role in Covid-19 Vaccination” el cual es citado en gran medida en el framework de agosto, se reconoció el “legado de experimentos en los EE. UU. con hombres y mujeres afroamericanas”. Sin embargo, en el documento de los CHS también se menciona que varios de los candidatos a vacuna contra el Covid-19 “podrían estar disponibles al mismo tiempo” y que “podrían tener un perfil de seguridad y eficacia diferente a través de grupos de población diferentes y podrían tener requerimientos logísticos diferentes”. En el artículo también se agrega que “es posible que ciertos efectos adversos podrían ocurrir con más frecuencia en ciertos subgrupos de población, que no aparecerían hasta que millones de personas se hayan vacunado”.
Es importante que Palantir, empresa tecnológica contratista vinculada a la CIA, esté a cargo de crear el software que “decidirá” qué “subgrupos de población” se le suministrará la vacuna. Palantir es quizás mejor conocida por su rol polémico de localizar inmigrantes indocumentados a través de sus contratos con el ICE y su papel en las labores de predecir políticas que perjudicaron de manera desproporcionada a afroamericanos. Es perturbador que esos mismos grupos étnicos a los que Palantir es más polémico por atacar en nombre del estado de seguridad nacional y las fuerzas de orden sean las mismas “poblaciones críticas” que la compañía identificará en primer lugar para el programa de vacunación contra el Covid-19 dirigido por el ejército de los EE. UU de la Operación Warp Speed.
Además, en un movimiento que sólo puede agravar aún más la “reticencia a la vacuna” de las comunidades minoritarias, en el Interim Framework de agosto se recomienda que los CDC transformen el actual “sistema de notificación de eventos adversos de las vacunas”, de un sistema voluntario que depende de los informes enviados de los individuos al gobierno, a un “sistema activo de vigilancia” que “monitoree a todas las personas que recibieron la vacuna”, posiblemente desde “mecanismos electrónicos” que un no se especifican”.
En el The Last American Vagabondse informó el mes pasado que la Operación Warp Speed, que aparentemente ha tomado como ejemplo al Interim Framework, planea utilizar “sistemas de rastreo increíblemente precisos” que “asegurarán que cada paciente reciba las dos dosis de la misma vacuna y para monitorearlos en caso de algún efecto de salud adverso”. Esos sistemas serán dirigidos, en parte, por los gigantes de la industria tecnológica vinculados a la inteligencia Google y Oracle.
Una mujer lleva puesta una mascarilla y camina cerca de una pared con un grafiti que dice “Ni vacunas, ni rastreo, ni Covid” en Montreal, el domingo 16 de agosto de 2020, mientras que la pandemia del Covid-19 continúa en Canadá y en todo el mundo. THE CANADIAN PRESS/ Graham Hughes.
El principal propósito declarado de estos “sistemas de rastreo”, a los que se hace referencia en otros documentos de Warp Speed como el de “sistemas de farmacovigilancia”, es monitorear los efectos a largo plazo de los nuevos métodos de producción de vacunas sin licencia que se utilizan en la elaboración de cada candidato a vacuna contra el Covid-19 de la OWS. En los propios documentos de Warp Speed se afirma que los métodos de producción de estas vacunas “cuentan con datos previos limitados sobre la seguridad en los humanos… su seguridad a largo plazo se evaluará de forma cuidadosa mediante la farmacovigilancia y los ensayos clínicos de Fase 4 (post licencia)”, es decir, después de la administración de las vacunas a la “población crítica” prioritaria.
Una estrategia toma forma
Dado lo anterior, las facetas sin precedentes del plan de vacunación contra el Covid-19 de Warp Speed; es decir, su enfoque en que las minorías étnicas sean las primeras en recibir la vacuna experimental, su interés en dar diferentes candidatos a vacuna a”distintos grupos de población”, y su estudio de los efectos en gran parte desconocidos a través de “sistemas de seguimiento” y “mecanismos electrónicos” no especificados; son asuntos que obviamente alimentarían aún más la desconfianza de aquellos grupos étnicos que históricamente han sido blanco de experimentación médica por parte del gobierno de EE. UU.
Además, los esfuerzos de desarrollo y distribución de la vacuna contra el Covid-19, que están siendo liderados por el aparato militar y de seguridad nacional y cuentan con la estrecha participación de polémicos contratistas como Palantir, probablemente exacerbará la desconfianza de las minorías a medida que avanza la Operación Warp Speed, dado que estos mismos grupos son los que con mayor frecuencia reciben la violencia estatal militarizada. También es preocupante que, por primera vez desde los ataques con ántrax de 2001, los funcionarios policiales, militares y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ya no sean los objetivos prioritarios de la asignación de vacunas, mientras que no se ofrece una razón convincente para su exclusión.
Sin embargo, en lugar de abordar de forma honesta estas recomendaciones sin precedentes, el esfuerzo de lidiar con el problema de la “reticencia a las vacunas” en lo que se refiere a las minorías planea enfocarse en confiar en tácticas que eviten abordar cualquiera de estos temas de forma directa. En un ejemplo, aunque en el Interim Framework de agosto se recomienda “priorizar directamente” a las minorías étnicas, se reconoce que hacerlo “podría amenazar aún más la frágil confianza que algunos tienen en el sistema médico y de salud pública, particularmente si existe la percepción de que no hubo suficientes pruebas para evaluar la seguridad de la vacuna y de que estas minorías son los ‘conejillos de indias’”. Igualmente, en el documento se indica que “la implementación de priorizar de forma directa a las comunidades de color también podría ser desafiante y divisoria, ya que determinar el criterio de elección según la raza y origen étnico y cómo acceder a poblaciones específicas incluye muchas delicadas dificultades”
Como solución alternativa para tales preocupaciones, el CHS señala que “priorizar otras cohortes de la población, como los trabajadores escenciales o aquellos con condiciones de salud subyacentes asociadas con peores resultados de Covid-19, también podría ayudar de forma indirecta a alivinar la desproporcionada carga de esta pandemia sobre las personas de color” debido a su alta representación en la fuerza laboral esencial.
El documento continúa: “Si bien este enfoque podría evitar alguna de las dificultades mencionadas anteriormente, también debería implementarse de una forma que garantice que las vacunas se distribuyan de forma equitativa en las subcategorías”. Por lo tanto, se indica que priorizar “aquellas personas y grupos que enfrentan tantos riesgos graves de salud como económicos, específicamente los trabajadores esenciales con mayor riesgo de contraer una enfermedad grave, o cuyos miembros del hogar corren el mismo riesgo, quienes sufrirán daños económicos importantes si dejan de trabajar”. En el documento se señala más adelante que aquellos grupos con “mayor riesgo de contraer una enfermedad grave” son circunstancialmente minorías étnicas.
En otras palabras, la estrategia compuesta por el CHS es priorizar de forma específica las cohortes de la población estadounidense que cuentan con altas proporciones de minorías étnicas sin hacerlo de forma directa para evitar exacerbar, de manera algo engañosa, las preocupaciones sobre la “reticencia a las vacunas” entre esos grupos al escogerlos directamente.
En el Interim Framework se reconoce la alta prevalencia de las minorías étnicas en la fuerza laboral esencial y se cita un documento publicado en abril de 2020 por el Centro para la Investigación Económica y de Políticas (CEPR, por su sigla en inglés) que señala que “las personas de color están sobrerrepresentadas en muchas ocupaciones de industrias de primera línea”.
Además de priorizar las cohortes esenciales de la fuerza laboral, que presentan un alto porcentaje de minorías étnicas, el documento del CHS tambien índica que los prisioneros, otro grupo en el que las minorías étnicas están bastante sobrerrepresentadas, y “las comunidades de inmigrantes de color indocumentados” también deben ser priorizadas. Al igual que en la estrategia de la fuerza laboral esencial, esto aseguraría una mayor aceptación de la vacuna por parte de las minorías étnicas sin priorizarlas de forma directa.
También vale la pena señalar que, además del enfoque en las minorías étnicas, en el Interim Framework también se recomienda que “las poblaciones con capacidades diferentes y con discapacidad intelectual, que pueden presentar dificultades para acceder a la atención médica y podrían encontrarse en entornos de vida de mayor riesgo, como centros de vivienda asistida”, se incluirán como “población objetivo”.
Esta estrategia, tal como la establece el CHS, parece haber sido adoptada por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por su sigla en inglés) de los CDC, que es el organismo oficial del gobierno que designará las “poblaciones objetivo”.
Igualmente en agosto, Kathleen Dooling, epidemióloga de los CDC que escribió en nombre del Grupo de Trabajo de Vacunas Covid-19 del ACIP, afirmó que los “grupos para la vacunación en fase temprana” deberían ser los que “tienen más coincidencias” con, primero, los de condiciones médicas de “alto riesgo”, segundo, los trabajadores esenciales y, tercero, los adultos mayores de más de 65 años. Como se señaló anteriormente, la fuerza laboral esencial está compuesta en su gran mayoría por minorías étnicas.
En particular, las afecciones médicas de “alto riesgo” enumeradas en este mismo documento son más frecuentes entre las minorías étnicas, como diabetes tipo 2, obesidad, enfermedad renal crónica, afecciones cardíacas graves y anemia drepanocítica. El cáncer también figura en la lista y, aunque es frecuente en la población estadounidense en general, su incidencia es más alta entre los afroamericanos..
La inclusión de la anemia drepanocítica es particularmente llamativa, ya que los afroamericanos tienen una probabilidad mucho mayor de sufrirla en comparación con los demás grupos. Según datos de 2010 analizados por los CDC, el gen drepanocítico, que lo deben tener ambos padres para que un niño lo herede, está presente en 73 de cada 1000 recién nacidos afroamericanos, en comparación con los 3 de 1000 de raza blanca.
La estrategia de “coincidencia” encaja con las pautas actuales del ACIP de los CDC para las recomendaciones de vacunas, en las que se sostiene que, si el suministro de vacunas es limitado, los CDC deberían “alivianar la carga extra que la enfermedad tiene sobre las personas que ya enfrentan disparidades”. Sin embargo, como se establece en el reciente documento del Grupo de Trabajo de Vacunas Covid-19 del ACIP, esta estrategia tiene el resultado final inevitable de garantizar que la gran mayoría de quienes reciban primero la vacuna experimental Covid-19 sean minorías étnicas en la fuerza laboral esencial y mayores de 65 años.
De igual forma, es de destacar en relación con la priorización de las minorías étnicas que en marzo el gobierno interpretó las regulaciones federales para otorgar inmunidad de responsabilidad a cualquier entidad que produzca, distribuya, fabrique o administre contramedidas Covid-19, incluidas las vacunas. De acuerdo al HHS, esta medida también puede “otorgar inmunidad de cierta responsabilidad según las leyes de derechos civiles”, lo que significa que los involucrados en la campaña de vacunación Covid-19 pueden no tener responsabilidad si se determina que violan los derechos de grupos protegidos por la ley de derechos civiles, es decir, las minorías étnicas.
El control de la historia
Otra táctica que promueven el CHS, los CDC y Warp Speed para combatir la “reticencia a las vacunas” son las estrategias de comunicación agresiva que incluyen “saturar” el paisaje mediático con contenido a favor de la vacuna mientras se reduce en gran medida el contenido que promueve tal “reticencia”. El estado de seguridad nacional, que administra la Operación Warp Speed, se ha involucrado cada vez más en este esfuerzo de los medios, particularmente al censurar el contenido que se considera antivacunas (incluidos, desde su punto de vista, los medios de comunicación críticos con la industria farmacéutica y con los fabricantes de vacunas) mediante el uso de herramientas antiterroristas que se han utilizado anteriormente para desbaratar la propaganda comunista en línea.
Después de la simulación de la pandemia de coronavirus de octubre de 2019, denominada Evento 201, el CHS emitió una declaración de que las empresas de medios tienen la responsabilidad de garantizar que se “prioricen los mensajes autorizados”. El CHS había copatrocinado el Evento 201 junto con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates.
Hay mucho más en esta guerra de información que sólo el esfuerzo de censura en línea que está creciendo rápidamente. Por ejemplo, en el documento oficial de la Operación Warp Speed llamado”From the Factory to the Frontlines” se señala que “las comunicaciones estratégicas y los mensajes públicos son fundamentales para garantizar una máxima aceptación de las vacunas, lo que requiere una saturación de los mensajes en los medios de comunicación internacionales”. También se establece que “trabajar con socios establecidos, especialmente aquellos que son fuentes confiables para el público meta, es fundamental para promover la comprensión, el acceso y la aceptación del público a posibles vacunas” y que “identificar los mensajes correctos para promover la confianza en las vacunas, contrarrestar la desinformación y focalizar la divulgación de la información en poblaciones vulnerables y de riesgo será necesario para lograr una alta cobertura”.
En el documento también se señala que Warp Speed utilizará el marco estratégico de tres frentes de los CDC conocido como “Vacuna con Confianza” para impulsar sus comunicaciones. El tercer eje de esa estrategia se llama “Alto a los mitos” y se centra en “establecer asociaciones para contener la difusión de desinformación” así como “trabajar con socios locales y mensajeros confiables para mejorar la credibilidad en las vacunas”.
Al igual que en la guía oficial de Warp Speed, en el Interim Framework de los CDC también se considera que el “alcance comunitario” es un elemento esencial para una campaña de vacunación exitosa y se sugiere financiar y capacitar a los trabajadores de salud comunitarios para promover la vacunación específicamente en “grupos marginados y desproporcionadamente afectados”. Se detalla cómo el gobierno de los EE. UU. podría involucrar a los afroamericanos, latinoamericanos y las poblaciones de bajos ingresos para generar confianza en las recomendaciones de vacunas y de lidiar con “las preocupaciones de que son ‘sujetos de prueba’ para una nueva vacuna”.
En el documento del CHS se señala, por ejemplo, la importancia de la competencia cultural al promover las vacunas, a través de la advertencia que la vacunación en “iglesias, escuelas, centros comunitarios culturalmente específicos o centros para personas de la tercera edad” podría encajar mejor con las poblaciones marginadas y hacerlas sentir más cómodas. Luciana Borio profundizó en estas consideraciones en septiembre. Ese mes, el vicepresidente de In-Q-Tel y miembro del equipo de transición de Biden, escribió que si bien puede ser apropiado utilizar los recursos militares de EE. UU. para los esfuerzos de vacunación, “cualquier compromiso federal de este tipo debe realizarse de forma colaborativa y sensible a las percepciones del público que se pueden generar al tener una función de salud pública realizada por uniformados”.
En un artículo de julio del CHS, “The Public’s Role in COVID-19 Vaccination”, un documento que Luciana Borio también ayudó a escribir , se argumentó: “Los lugares de vacunación no deben tener una fuerte vigilancia ni parecer inseguros para las comunidades negras o minoritarias”. Además, en este documento del CHS se establece que se deben utilizar “voceros comunitarios confiables” para una “campaña de vacunación” que amplifique los “mensajes personalmente relevantes que respalden las vacunas”. Al igual que materiales similares de la OMS en el documento se aboga por adaptar la campaña a audiencias específicas e identificar una red de voceros para entregar un “mensaje destacado y específico de forma repetitiva emitido por múltiples mensajeros confiables a través de diversos canales de medios”.
Luciana Borio, exdirectora de la Oficina de Contraterrorismo y Amenazas Emergentes de la Administración de Alimentos y Medicamentos y actual miembro de la Junta Asesora de la Transición sobre el Covid-19 de Biden/Harris.
Los CDC también recomiendan la administración de vacunas en lugares como estacionamientos universitarios, comedores de beneficencia, bibliotecas públicas y organizaciones religiosas. En un informe de octubre de los CDC se lee: “Para las personas que viven en instituciones, considere la posibilidad de vacunarse al momento del ingreso; para las personas que asisten a colegios o universidades vacúnese al momento de la inscripción”. También se propone que los estados y territorios de los EE. UU. utilicen lugares de vacunación no tradicionales, como refugios para personas sin hogar y despensas de alimentos”.
La perspectiva de celebridades de alfombra roja, personas influyentes y “mensajeros confiables” que respalden la política de salud pública también es una opción. Según la NBC New York, Nueva York y Nueva Jersey ya han reclutado celebridades para instar a los residentes a seguir las pautas de los CDC. Algunos actores como Julia Roberts, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Robin Wright y Hugh Jackman se unieron a principios de este año a una campaña coordinada para “entregarle el micrófono a los expertos en Covid-19”.
Además, este verano la OMS pagó a la firma de relaciones públicas Hill & Knowlton Strategies US$ 135.000 para identificar microinfluencers, macroinfluencers y lo que se llama “héroes ocultos” que “dan forma y guían las conversaciones” para promover los mensajes de la OMS en las redes sociales y su imagen como una autoridad Covid-19. Hill & Knowlton han tenido controversias por haber prefabricado el falso testimonio del “bebé en incubadora” que se presentó ante el Congreso y que impulsó a los Estados Unidos a la primera Guerra del Golfo a principios de la década de 1990.
En “The Public’s Role in COVID-19 Vaccination” también se insta a utilizar grupos como organizaciones religiosas, escuelas, asociaciones de propietarios y sindicatos que son confiables para las “audiencias difíciles de alcanzar” para transmitir mensajes positivos sobre la vacuna y “modular la percepción pública sobre la vacunación”. En consecuencia, en el documento de julio del CHS se destaca “la importancia de utilizar grupos externos que tienen relaciones con la comunidad, en lugar de la participación directa del gobierno”. Cabe señalar que durante los experimentos de Tuskegee, el Servicio de Salud Pública de los EE. UU contrató a Eunice Rivers, una enfermera negra con una estrecha relación con la comunidad minoritaria local, para mantener contacto con aquellos que formaron parte del experimento para garantizar que continuarán participando.
Este marco de subcontratación establecido por el CHS se reproduce en la propia literatura del gobierno federal. En un informe de los CDC de octubre titulado Interim Playbook for Jurisdiction Operations se describe la importancia de involucrar a las poblaciones minoritarias que se considerarían “fuentes confiables” como representantes sindicales, presidentes de universidades, entrenadores deportivos, juntas estatales de licencias, personal de refugios para personas sin hogar y líderes religiosos para “abordar la reticencia” en relación con la vacuna Covid-19.
En el documento de la Operación Warp Speed “From the Factory to the Frontlines”, publicado el mismo día que el Interim Playbook, se brindan ejemplos más específicos del trabajo continuo del gobierno con organizaciones que “representan a poblaciones minoritarias”, al afirmar que las organizaciones religiosas pueden ser clave. En el documento se puede leer: “El Centro para Iniciativas de Fe y Oportunidades del HHS está trabajando con grupos religiosos y comunitarios que sirven a las minorías. . . y fomentan la participación en el programa de vacunación” También se establece que una “campaña de información” dirigida por el departamento de asuntos públicos del HHS ya está trabajando para “centrarse en las poblaciones y comunidades clave, y así garantizar la máxima aceptación de la vacuna”.
Hay que destacar que un miembro del equipo de transición de la Oficina de Administración y Presupuesto de Biden es Bridget Dooling. La OMB alberga la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, que revisa todas las regulaciones del gobierno federal. Dooling trabajo anteriormente en la OIRA, y desde 2009 hasta 2011 trabajó bajo la dirección del entonces administrador de la OIRA Cass Sunstein. En Twitter, Dooling interactúa de forma regular con Sunstein. El pasado mes especialmente, ella promocionó el trabajo de Sunstein con frecuencia en esta red social.
En particular, Sunstein escribió un documento en el que alentaba al gobierno de Estados Unidos a emplear agentes encubiertos para” infiltrarse de forma cognitiva” en grupos disidentes que promueven las ”teorías de conspiración” antigubernamentales y para mantener un enérgico “establecimiento contra la desinformación”.
Los elementos de su estrategia para abordar las “teorías de conspiración” antigubernamentales son análogos al tema del CHS el que, como se mencionó anteriormente, utiliza “grupos externos que están relacionados con la comunidad” en lugar del gobierno directamente. Él afirmó en su documento: “Los gobiernos pueden proporcionar información a estos organismos independientes y tal vez impulsarlos a que actúen tras bastidores”.
Sunstein fue nombrado recientemente presidente del grupo Técnico Asesor sobre Conocimientos y Ciencias del Comportamiento para la Salud de la OMS, para garantizar la “aceptación y asimilación de la vacuna en el contexto del Covid-19”.
En septiembre, también escribió una opinión sobre Bloomberg titulada “How to Fight against Coronavirus Phobia”, en el que se indica que “las personas de alto perfil que son respetadas y admiradas por quienes no confían en las vacunas” ayudarán a convencer al público sobre su seguridad. Él dice: “Los políticos, atletas o actores confiables, que se cree que son ‘uno de nosotros’ en lugar de ‘uno de ellos’, podrían respaldar de forma explícita la vacunación”.
Cuando todo lo demás falla, coacciona
Además de este enfoque bélico para combatir la “reticencia a las vacunas”, el gobierno también tiene la intención de evitar posibles dudas a través de la coacción económica, es decir, mediante el uso de incentivos económicos, incluso al vincular la vacuna con el acceso a la fuerza laboral, la asistencia para la vivienda, la comida, los viajes y la educación.
Por ejemplo, en el artículo de Bloomberg de Sunstein se establece que cuando hay una vacuna disponible, “un incentivo económico, como un pequeño certificado de regalo, puede ayudar” a facilitar las cosas para “las personas que corren un riesgo en particular. Inevitablemente, esas tarjetas de regalo serán más eficaces para influir en las decisiones de los pobres”.
El ex candidato presidencial de 2020 y representante estadounidense del sexto distrito del Congreso de Maryland, John Delaney, escribió hace poco un artículo en el Washington Post titulado “Pay Americans to Take a Coronavirus Vaccine”, en el que argumenta que una forma de superar el “nivel histórico de desconfianza” en el proceso de desarrollo de vacunas es aprovechar la actual crisis económica y “pagar a las personas para que se vacunen contra el Covid-19”. Delaney escribe: “Este incentivo podría ser la forma más eficaz de persuadir a la personas para que dejen las sospechas o incluso superen el miedo…”
En el documento del CHS llamado “The Public’s Role in COVID-19 Vaccination” también se detalla cómo la combinación de servicios como “seguridad alimentaria, ayuda para pagar el alquiler, [y] servicios clínicos gratuitos” con la vacunación puede aumentar su recepción. Se señala: “Las agencias de salud pública locales y estatales deberían explorar las oportunidades para combinar la vacunación contra el Covid-19 con otros servicios de red de seguridad”. Una forma de hacerlo es simplemente proporcionar “ayuda alimentaria, ayuda para el empleo u otros servicios de salud preventivos” que “se puedan necesitar con urgencia” en los lugares de vacunación. “[Y] en algunos casos”, dice el CHS, “también puede ser aceptable y factible administrar la vacuna mediante visitas domiciliarias de enfermeras de la comunidad cuando se combina con otros servicios”.
Esta estrategia para aumentar el número de vacunados es análoga a lo que propone el CHS para hacer que las tecnologías digitales de rastreo de contactos (DCTT, por su sigla en inglés) se normalicen en la población sin exigirlas de forma directa. En un documento reciente del CHS titulado “Digital Contact Tracing for Pandemic Response” se señala: “En lugar de hacer un uso totalmente voluntario y que lo inicien los usuarios, hay formas en que la DCTT podría utilizarse sin su decisión voluntaria”. Continua: “Por ejemplo, el uso de una aplicación podría ser obligatorio como una condición previa para regresar al trabajo, escuela, o incluso más, para controlar la entrada a una instalación o el acceso a transporte (como aviones) mediante el escaneo de un código QR”.
Palantir y las poblaciones prioritarias
Además de los aspectos preocupantes de la estrategia de vacunación contra el Covid-19 como se describió anteriormente, hay una cuestión separada de la forma en que estas “poblaciones de interés” serán elegidas e identificadas. Palantir, la firma de big data con estrechos vínculos con la CIA que perduran en el tiempo, ha creado una nueva herramienta de software expresamente para Warp Speed llamada Tiberius. Tiberius no solo utilizará el software Gotham de Palantir y sus componentes de inteligencia artificial para “ayudar a identificar a poblaciones de alta prioridad”, sino que también producirá calendarios de entrega y trazará un mapa de las ubicaciones para la distribución de vacunas en función de la gran cantidad de datos que ha recopilado a través de varios contactos con el HHS y alianzas de intercambio de datos con In-Q-Tel, Amazon, Google, y Microsoft, entre otros.
Estos datos incluyen información extremadamente sensible sobre los ciudadanos estadounidenses y la falta de medidas de protección de la privacidad que regulen el creciente acceso de Palantir a los datos de atención médica. Esto incluso ha llamado la atención del gobierno y varios senadores y representantes quienes advirtieron en julio que los enormes almacenes de datos de Palantir “podrían ser utilizados por otras agencias federales de formas inesperadas, no reguladas y potencialmente dañinas, como en el contexto de la aplicación de la ley y la inmigración”.
Dado que Palantir, en la actualidad, es más conocido por centrarse en las mismas minorías que están programadas para ser “poblaciones prioritarias” para una temprana vacunación experimental contra el Covid-19, en la Parte 2 de esta serie se analizará a Tiberius y la empresa que la administra, incluidos los obsesivos temores de “guerra racial” de su máximo ejecutivo.
